La orden de Génova de cumplir la ley con los menores migrantes pone en riesgo el apoyo de Vox a los presupuestos autonómicos

Las comunidades autónomas del PP se preparan para ir al choque una vez más contra el Gobierno central. La ofensiva política está en marcha y muchas autonomías anticipan ya recursos en los tribunales -otras lo estudiarán más adelante- contra la reforma legal que obliga a las autonomías a aceptar el reparto de menores migrantes no acompañados. 

Pero, al mismo tiempo, en la dirección nacional recalcan también que sus comunidades no dejarán de aplicar la ley, lo que de facto implica que no podrán oponerse a la acogida. La afirmación del portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, fue nítida: “No encontrarán una comunidad del PP que incumpla la ley”. Y varios territorios lo confirman.

Lo que se mantendrá hasta el último momento es la oposición política al pacto con Junts y el rechazo a un acuerdo que, en realidad, afecta de lleno a las comunidades del PP sin haber contado con ellas. Por eso, las autonomías conservadoras ya han dicho que se oponen a asumir a más menores llegados de otros países sin sus padres si el Ejecutivo no moviliza más recursos y garantiza medios estatales. 

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Algunas autonomías insisten en que su capacidad está absolutamente sobrepasada y no pueden garantizar las condiciones de acogida. Pero las comunidades que dependen de Vox para aprobar sus presupuestos, como es el caso de la Comunidad Valenciana, pueden tener serios problemas tras el planteamiento de Génova.

La frase de Tellado sobre el cumplimiento de la ley es la postura que el PP ha mantenido siempre. Y, de hecho, Feijóo ya impuso a sus autonomías cumplir con el pacto acordado el verano pasado con el Gobierno aunque eso terminara -como ocurrió- con la salida de Vox de los gobiernos autonómicos. La formación de Santiago Abascal percibe que la situación se repite. 

El lunes Carlos Mazón compareció para explicar el principio de acuerdo con Vox para los Presupuestos de 2025. En su discurso tuvo que asumir gran parte de la agenda de los ultra en materia migratoria y de políticas verdes, hasta el punto de hacer suya la retórica utilizada normalmente por la ultraderecha.

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En Génova restaron importancia a ese asunto concentrándose en la importancia de que la Comunidad Valenciana tenga un presupuesto para la reconstrucción. Pero Mazón verbalizó con claridad el problema de los menores migrantes porque era una imposición de Vox. Y, de hecho, el número dos de Abascal, Ignacio Garriga, lo tradujo poco después: “No se va a aceptar un solo mena en la Comunidad Valenciana”. El ‘president’ incluso planteó la necesidad de fórmulas para retornarlos junto a sus padres a los países de origen.

Es la misma exigencia que los ultra van a plantear en el resto de autonomías donde sus votos son necesarios: Aragón, Murcia, Baleares, Extremadura y Castilla y León. En las dos últimas comunidades el acuerdo presupuestario parece poco probable por el nulo entendimiento con María Guardiola y, en el caso castellano y leonés, por la cercanía electoral. Pero la negociación valenciana continúa y si el compromiso expreso no se confirma, explican fuentes de Vox, podría desbaratarse. 

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Lo mismo para el resto de territorios que están en plenas conversaciones. En el núcleo duro de Abascal son muy críticos con el PP con este asunto porque consideran que el pasado verano “fueron engañados”. El líder ultra defiende que mientras las autonomías garantizaron a sus vicepresidentes -entonces de Vox- que no habría acuerdo ni acogida de menores, finalmente Génova hizo valer su criterio y los acabaron asumiendo. “Eso no va a volver a pasar”, afirmaban en el núcleo duro de Abascal a este periódico. 

En todo caso, la ofensiva política y judicial llegará hasta el final. Según explicó el Gobierno, antes del 31 de marzo todas las CCAA deberán certificar el número de menores a los que ya están atendiendo y con esas cifras se establecerá el reparto definitivo en base a distintos criterios, que van desde las plazas disponibles a la población, PIB o tasa de paro. 

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no quiso entrar a valorar los datos proporcionados por Junts, en los que asegura que de los 4.000 niños de Canarias, solo entre 20 o 30 irán a Cataluña mientras que a la Comunidad de Madrid le corresponderán más de 700.

Según la formación independentista esa cifra es el resultado de "tener en cuenta el peso poblacional, pero también el esfuerzo que ha hecho la Generalitat a lo largo de los últimos años". Isabel Díaz Ayuso no tardó en asegurar que iría a la Justicia, tildando de “lastre” la política migratoria de Sánchez y denunciando, como después hicieron en cascada los presidentes del PP, que se trata de “un reparto partidista” que responde a las necesidades de Sánchez.

El murciano Fernando López Miras habló del “acuerdo de la vergüenza” en referencia a Junts, mientras que la balear Marga Prohens insistió en que su comunidad está saturada, igual que hizo el andaluz Juan Manuel Moreno.